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Presentación del libro sobre Jornadas de la Memoria
Políticas para la salud mental
A continuación, un fragmento del artículo "Poder psiquiátrico
y manicomios
en la Argentina de los años 90" que el autor escribió para la
compilación
que se presenta mañana en la UNR.
Por Emiliano Galende *
¿Por qué se mantienen los manicomios en la década de los
noventa, y por qué esta situación se prolonga hasta nuestros
días? Esta pregunta requiere de un análisis y una respuesta
compleja. Tanto la falta de una política sobre el sector de
Salud Mental como el debilitamiento de las fuerzas reformistas
antimanicomiales obligan a interrogarse sobre la situación
social de ese tiempo. Las respuestas deben buscarse al menos
en tres ámbitos: la orientación de las políticas de salud; la
composición del campo profesional y sus organizaciones y su
orientación dominante; la situación social y cultural. Entre
las tres existen indudables sinergias para contribuir no sólo
a un detenimiento de las iniciativas de los ochenta sino a
focos de regresión en muchas de las iniciativas de los
noventa.
Sabemos que lo que caracterizó la política de Salud en los
noventa, reflejo de las propuestas que hizo el Banco Mundial,
fue la privatización, esto es, la consideración (según el
catastrófico modelo de Salud norteamericano) de la salud como
un bien mercantil, un objeto más del mercado, de modo tal que
cada individuo podrá comprar en el "mercado de la Salud" la
cuota de atención que su bolsillo le permita. En los noventa,
la Salud en Argentina se convirtió en un producto más puesto
en las góndolas del mercado. No sólo se amplió la presencia de
aseguradoras que venden su seguro de enfermedad para los
gobiernos provinciales, ofreciendo coberturas, gerenciamientos,
etcéra.
De esta política surgió la hoy bien mostrada corrupción de la
llamada "Reestructuración de las Obras Sociales sindicales",
que financió con más de doscientos millones de dólares el
Banco Mundial. En un libro que publicara en 1996, advertía:
"Desde hace unos años, por vía de la llamada transformación
del Estado que llevan adelante las políticas neoconservadoras,
éste abandona sus funciones de garante de la solidaridad
social, tendiendo a retirarse tanto de la atención pública en
Salud como de la protección social. En el sector de la
atención pública, ésta se limita a una cobertura de lo
imprescindible, dirigida hacia los sectores más empobrecidos
de la población. Los programas comunitarios en Salud Mental,
en Atención Primaria y las prestaciones en sus servicios
periféricos, se dirigen progresivamente a paliar los efectos
de la exclusión social (desempleo, marginalidad, migraciones,
etc.) y a la contención y apaciguamiento social de estos
sectores. Las problemáticas dominantes que deben enfrentar los
profesionales en este sector son las de la violencia
(familiar, juvenil, maltrato a los niños, pero también a una
presencia creciente de la violencia en los comportamientos
individuales), la adicción a drogas, depresiones y desamparos
extremos. Pero también se retira de su papel de garante de la
solidaridad, y a través de la privatización de los riesgos,
promueve el avance de las empresas médicas y los seguros
privados de enfermedad. Todo proceso de privatización está
dirigido a hacer entrar a la salud en los criterios económicos
del mercado (cada uno tendrá la salud que pueda pagar),
generando un avance del sector privado que, como es lógico
esperar dada la importancia de los dineros que circulan por
este sector, comienza a ocupar un lugar importante en el
dictado de las políticas en Salud, siendo ya un generador de
criterios para la atención médica. El Estado no sólo está
restringiendo su aporte económico para la atención médica sino
que también está resignando su papel en el dictado de las
políticas en Salud y de un modo especial las de Salud Mental".
En Salud Mental este proceso llevó a un incremento del gasto
dedicado al área por los gobiernos provinciales, que para
enfrentarlo, restringieron la atención o acudieron al trabajo
no pago de profesionales. Si el sector público en esos años
brindaba un 30 por ciento de la cobertura, contra un 50 por
ciento de las Obras Sociales y Mutuales y un 20 por ciento de
las empresas de seguros, esas cifras fueron diferentes en
Salud Mental. Las patologías más severas (que como sabemos
articulan trastorno mental, pobreza y desamparo social), como
los pacientes cronificados de los hospitales psiquiátricos y
Colonias, quedaron a cargo del gasto público, sumado a los
nuevos problemas de la exclusión social y su producción de
sufrimientos mentales diversos que acudían a los hospitales.
Esto sumó que un 75 por ciento de la cobertura y del gasto en
Salud Mental cayera sobre el Estado, y dado las restricciones
de Obras Sociales y Seguros a la cobertura, sólo se hicieran
cargo de un porcentaje cercano al 10 por ciento. El resto es
gasto de bolsillo de quienes solicitan atención.
El número de internaciones se incrementó y muchos externados
en los ochenta, imposibilitados de continuar los tratamientos
o por nuevos desamparos, retornaron a los manicomios,
sumándose a los recientes excluidos y marginales. Este proceso
transcurrió sin ninguna palabra oficial sobre lo que estaba
ocurriendo, y de alguna manera el obligado crecimiento de la
demanda y la cobertura se cubrió con el trabajo sin
remuneración de una masa de profesionales del campo psi que
tampoco hallaban otros puestos de trabajo remunerado...".
Autores del libro: Fernando Ulloa, Alejandro Vainer, Enrique
Carpintero, Alberto Ascolani, Antonio Gentile, Alicia
Stolkiner, Ana María Fernández, Horacio Belgich, Juan
Volnovich, Gilou García Reinoso, Lucila Edelman, Diana Kordon,
Silvia Bleichmar, Liliana Baños, Carlos Kuri.
* Psicoanalista. Coordinador Doctorado Internacional en Salud
Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Autor
de "Historia y Repetición. Temporalidad Subjetiva y actual
modernidad", Paidós; "De un horizonte incierto", Paidós; entre
otros.
Fuente:
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/21-11224-2007-11-22.html
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